Concejo Distrital de Barranquilla aprueba vigencias futuras para fortalecer el aeropuerto Ernesto Cortissoz

El Concejo Distrital de Barranquilla aprobó, en segundo debate, el proyecto de acuerdo que autoriza al alcalde mayor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias.

La decisión permitirá garantizar, durante 2027, la continuidad de las actividades de administración, operación, mantenimiento, conservación y mejoramiento funcional de la infraestructura del lado tierra del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

La autorización está relacionada con el proyecto de inversión «Elaboración de lineamientos técnicos para la transformación del Distrito de Barranquilla en HUB de Aviación», cuyo valor total asciende a $40.000 millones. De ese monto, $15.000 millones corresponden a 2026 y $25.000 millones a 2027.

Los recursos destinados al próximo año permitirán atender las necesidades operativas de la terminal aérea, especialmente en las áreas de atención a los usuarios, accesos, parqueaderos, zonas comerciales y sistemas esenciales. Con ello se busca preservar las condiciones adecuadas de funcionamiento y optimizar la experiencia de quienes la utilizan.

Durante el trámite se presentó la documentación técnica y financiera requerida, incluidas la programación presupuestal y el análisis de compatibilidad de los compromisos con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

El presidente del Concejo Distrital, Mauricio Villafañez Jabba, resaltó la importancia de la aprobación y afirmó que las inversiones deberán articularse con los procesos que se adelantan en materia de infraestructura y conectividad, en particular con la iniciativa privada (IP) Puerta de Oro, actualmente en curso.

”Este es un hecho histórico. Barranquilla por fin tendrá el aeropuerto que merece, a la altura de su crecimiento y proyección internacional», señaló.

Villafañez agregó que la corporación continuará ejerciendo control político y seguimiento institucional para que los recursos se ejecuten de manera transparente, eficiente y confiable

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