Discapacidad y cuidados: dos realidades distintas, un mismo horizonte de derechos

La discapacidad no es una mera contingencia individual, ni un infortunio personal; es, en términos estrictos, una condición genéricamente humana. Así lo ha reconocido la mejor doctrina jurídica y, más recientemente, las sentencias T-583 de 2023 y T-011 de 2025 de la Corte Constitucional. La discapacidad surge, en definitiva, de la interacción entre las diversidades funcionales de la persona y las barreras físicas, sociales y culturales que impone el entorno. En paralelo, el cuidado no puede seguir concibiéndose como un ejercicio unidireccional de asistencia pasiva o dependencia. Es, ante todo, un derecho fundamental, un acto relacional y un imperativo ético que comporta corresponsabilidad político-social. Cuidar no es sólo atender necesidades básicas; es propiciar la inclusión, la autodeterminación y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Por ello, el cuidado ha pasado de ser un asunto privado y doméstico a constituirse en categoría jurídica central para la construcción de sociedades justas e igualitarias.

¿Por qué hablar hoy de cuidado y discapacidad como elementos inseparables? La respuesta no es meramente teórica; es jurídicamente concluyente. La realidad normativa y jurisprudencial, tanto interna como internacional, ha impuesto esta articulación. Las sentencias de la Corte Constitucional, los mandatos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la tradición consolidada de las Naciones Unidas no dejan margen a interpretaciones regresivas: estamos ante la consolidación de un nuevo paradigma, el de los “Sistemas Híbridos o Anidados”, donde cuidado y discapacidad se integran en una arquitectura común de derechos. Se ha ingresado, sin ambages, en una nueva era de la protección social. En ella, la promoción de la autonomía personal se articula con la provisión.

Sistemas diferenciados, estrategias comunes

Importan las precisiones técnicas. Un Sistema de Discapacidad tiene como misión garantizar derechos, eliminar barreras y promover la inclusión social, conforme a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Su eje es la autonomía, la participación plena y la igualdad de oportunidades. El Sistema del Cuidado, por su parte, reconoce el cuidado como derecho, valora y redistribuye socialmente las tareas de cuidado, y protege tanto a quienes requieren apoyos —por edad, salud o discapacidad, etc.— como a quienes los proveen, en su mayoría mujeres invisibilizadas y desprovistas de protección social. De ahí la necesidad de evitar simplificaciones: ni toda discapacidad exige cuidado, ni todo cuidado está relacionado con la discapacidad. Y, sobre todo, no deben confundirse los sistemas; lo que se requiere es articulación técnica e institucional sin renunciar a los derechos conquistados.

La estrategia híbrida y anidada

Si los sistemas son distintos, ¿cómo integrarlos sin que uno absorba al otro? La respuesta técnica es clara, aunque políticamente exigente: a través de estrategias híbridas con metodologías anidadas. La hibridez refiere a la capacidad de combinar políticas, programas y acciones de ambos sistemas para atender simultáneamente las necesidades de las personas con discapacidad y de quienes ejercen cuidados. No se trata de diluir las competencias, sino de construir puentes de gobernanza que permitan respuestas coordinadas y eficaces. La metodología anidada implica, a su vez, que la estrategia actúe como un marco superior de articulación, en el que se insertan políticas y programas diferenciados pero interconectados. De este modo, se evita la dispersión de esfuerzos y se garantiza una atención integral, tanto en la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad como en el reconocimiento y dignificación de sus cuidadores.

InclúyeteMás: modelo de referencia nacional

El modelo InclúyeteMás, implementado por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, no sustituye a los sistemas existentes de discapacidad y cuidado; todo lo contrario, los coordina, articula y potencia, materializando lo que la Corte Constitucional denominó en la T-583 de 2023 como la “obligación de integralidad entre discapacidad y cuidados”. Este modelo técnico no se agota en la creación de programas aislados. Es una auténtica estrategia de gobernanza estructural, que convierte en políticas convergentes lo que hasta ahora han sido trayectorias paralelas. Su gran innovación radica en articular, de manera deliberada, las políticas de inclusión social con las políticas de cuidado. Así, la garantía de los derechos de autonomía e independencia de las personas con discapacidad se conjuga armónicamente con la dignificación del trabajo de quienes las cuidan.

El modelo de Barranquilla, materializado en InclúyeteMás, es único en su género precisamente porque no se limita a articular acciones desde un sistema específico, sino que actúa como una estrategia-puente entre dos sistemas autónomos —el de discapacidad y el del cuidado— para impactar a dos poblaciones que, aunque interrelacionadas en la vida real, dependen de marcos institucionales y normativos diferentes. Su carácter innovador radica en que no es una estrategia que, desde la órbita del cuidado, implemente acciones para personas con discapacidad, ni que, desde la perspectiva de la discapacidad, promueva medidas de apoyo vinculadas al cuidado. Es, más bien, una bisagra institucional, un auténtico corazón-conector que sincroniza la operación de ambos sistemas, sin que ello implique su fusión o pérdida de autonomía. Esta innovación permite superar la tradicional dispersión de esfuerzos gubernamentales, incluso cuando coexisten formalmente un Sistema del Cuidado y un Sistema de Discapacidad en diferentes dependencias de un mismo gobierno.

Este es, justamente, el modelo de integralidad exigido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-583 de 2023, y que hoy no encuentra concreción ni en el Sistema Nacional de Discapacidad ni en el naciente Sistema Nacional del Cuidado, donde persisten acciones diferenciadas para las mismas poblaciones, con los conocidos riesgos de duplicidad, fragmentación y doble esfuerzo institucional. Por esta razón, la estrategia InclúyeteMás representa una innovación de alto valor en la gestión pública del país.

El reto: formalizar y colocar progresivamente en marcha

El gran desafío para Colombia es trascender las experiencias aisladas y avanzar hacia la formalización jurídica e institucional de ambos sistemas. Ello implica que los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales den un paso decidido hacia la adopción de actos administrativos que doten de estabilidad, legitimidad y sostenibilidad presupuestal a estas políticas. No basta con buenas intenciones o programas coyunturales. Es imprescindible asegurar la continuidad de estas estrategias más allá de los vaivenes políticos, erigiéndolas en verdaderas obligaciones jurídicas vinculantes, sustentadas en un enfoque de derechos y de justicia social.

Colombia está ante una oportunidad histórica: liderar en América Latina la creación de marcos normativos híbridos que faciliten la articulación efectiva entre los sistemas de discapacidad y de cuidado, en cumplimiento de sus compromisos constitucionales e internacionales. La verdadera modernización institucional o “nuevo diseño institucional para la protección social” no se mide por la cantidad de normas aprobadas, sino por la capacidad de transformar, de forma concreta y efectiva, la vida de las personas. Y en esta tarea, la integración inteligente y estratégica de los sistemas de discapacidad y cuidado no es sólo una opción; es un imperativo de justicia.

Luis Miguel Hoyos Rojas

Consultor y asesor en políticas públicas, igualdad de género, discapacidad, justicia familiar, desarrollo económico y sistemas de cuidado en instituciones nacionales, territoriales e internacionales. Profesor catedrático de Capacidad Legal y Apoyos (Ley 1996 de 2019) en Especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Se ha desempeñado como asesor, secretario general, subdirector general de Gestión Educativa y de Promoción y Desarrollo del INSOR – Ministerio de Educación; delegado ante el Sistema Nacional de Discapacidad (2014–2015) y asesor legal de la Alianza de Organizaciones Nacionales de Personas con Discapacidad para la implementación del Mecanismo Independiente de Seguimiento a la Convención (2024).