En el marco del día internacional de las personas down, experto advierte que presupuestos y vigilancia son una deuda para esta población
En el marco del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, el abogado constitucionalista y catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Luis Miguel Hoyos, advirtió que una de las fallas más profundas de la inclusión en Colombia sigue estando en el presupuesto público nacional y en la falta de vigilancia sobre sus resultados.
Hoyos, reconocido por su trabajo en inclusión social y quien participó como experto independiente en la visita de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a Colombia en julio de 2025, señaló que el país ha registrado avances importantes en normas y políticas, pero todavía no ha logrado traducirlos de manera suficiente en inclusión real, sostenida y verificable.
Sostiene que uno de los mayores vacíos está en que el país aún no ha realizado una medición rigurosa del impacto fiscal de la política nacional de discapacidad, ni ha explicado con claridad quién ha administrado históricamente esos recursos, quién los ha ejecutado y por qué su impacto inclusivo sigue siendo tan limitado, especialmente en poblaciones como las personas con síndrome de Down.
Afirmó que esa discusión no puede reducirse a una simple “contabilidad del gasto”, lo que se requiere es una evaluación jurídica y ética de la eficacia distributiva del presupuesto público nacional.
“lo que se necesita es una evaluación jurídica y ética de la eficacia distributiva del presupuesto público nacional, que permita establecer si esos recursos realmente están ampliando la libertad, la inclusión y la igualdad material de esta población”.
Advirtió, además, que esta situación afecta principalmente a alcaldes y gobernadores de la Colombia periférica y provincial, que casi siempre responden por obligaciones de inclusión en medio de una casi completa desfinanciación de los procesos dirigidos a personas con Down y a personas con discapacidades cognitivas e intelectuales.
Señaló que ese panorama impacta de manera directa el acceso a la educación, la salud, la justicia, la empleabilidad, la autonomía y la vida en comunidad.
Para el jurista, el problema de fondo es que, en ocasiones, el sistema nacional, sus operadores y una visión andinocentrista de la inclusión confunden la existencia de normas jurídicas y ciertos avances con la realización efectiva de los derechos en los territorios. En sus palabras, “hay que salir de la burbuja de Bogotá, de los lobbys con café y del intelectualismo del centro, y venir al Caribe, al Chocó, al Amazonas; los recursos no llegan y las personas con Down, por ejemplo, viven el viacrucis de no saber dónde estudiar. Las madres cuidadoras lo sufren todos los días”.
Por ello, hizo un llamado al nuevo Congreso de la República y, en especial, a la nueva Cámara de Representantes, para que ejerzan un control político sobre los recursos públicos destinados a la discapacidad, con especial énfasis en las personas con Down en las regiones, a fin de establecer en qué medida el presupuesto nacional ha contribuido realmente a transformar sus condiciones de vida.
Añadió que la Procuraduría General de la Nación debe ejercer un control que no se agote en el acto de ejecución, sino que examine el impacto del gasto, y la Cámara de Representantes debe ejercer control político sobre la inversión inclusiva por región.
En su criterio, estos organismos deben poder trazar la ruta de quienes han operado los recursos nacionales y establecer hasta qué punto existe responsabilidad jurídica, fiscal y disciplinaria por el actual bajo impacto inclusivo.
Concluyó que las personas con síndrome de Down no necesitan solo reconocimiento simbólico, sino políticas medibles, recursos trazables, responsables identificables y resultados verificables que permitan establecer cómo está el país en materia de inclusión.
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