Futuro de la Política Nacional de Discapacidad: gran reto social para el próximo gobierno

La caída del Ministerio de Igualdad abrió un nuevo escenario para la política nacional de discapacidad, cuidados y apoyos en Colombia. Uno de los asuntos que, según expertos, deberá resolver el próximo gobierno es la definición de una rectoría clara para esta agenda y con qué capacidad para llegar a los territorios.

El tema ha empezado a ganar espacio en la discusión pública por su impacto en millones de personas con discapacidad, en familias que sostienen labores cotidianas de cuidado y en mujeres cuidadoras que históricamente han asumido buena parte de estas responsabilidades.

Para el abogado constitucionalista barranquillero Luis Miguel Hoyos, catedrático de derecho de las personas con discapacidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la discusión no debería limitarse a si los candidatos incluyen o no la palabra inclusión en sus propuestas, sino a la forma concreta en que el Estado se organizará para responder en los territorios.

Hoyos fue asesor legal del Mecanismo-Alianza de Seguimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia y ha sido reconocido por distintos movimientos nacionales y territoriales de personas con discapacidad como un aliado de la inclusión.

En el ámbito técnico, es considerado una de las voces reconocidas del país en temas de legislación sobre discapacidad, inclusión social, cuidados y sistemas de apoyos.

También ha sido uno de los impulsores del movimiento por la reforma de la Ley 1145 de 2007, norma que creó el Sistema Nacional de Discapacidad. En su trayectoria se destaca, además, su participación como director del proyecto de televisión accesible para personas sordas, iniciativa que contribuyó a la regulación de sistemas de acceso como la lengua de señas, la subtitulación y el closed caption en la televisión pública y privada del país.

Durante más de una década, Hoyos ha trabajado en el análisis jurídico e institucional de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas cuidadoras.

Desde Barranquilla, el constitucionalista analizó el panorama que deja la desaparición del Ministerio de Igualdad y revisó las propuestas de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en materia de discapacidad, cuidados y apoyos. Antes de entrar en el análisis, precisó que no habla en representación de las personas con discapacidad, sus familias o las personas cuidadoras, sino desde su rol académico y técnico.

Una agenda que requiere institucionalidad

De acuerdo con el constitucionalista, Colombia cuenta con normas, jurisprudencia, estándares internacionales y políticas públicas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, considera que el reto principal está en la capacidad institucional para ejecutar esas obligaciones. A su juicio, el próximo gobierno deberá precisar cuál entidad liderará la política pública, cómo se articulará con los sectores de salud, educación, trabajo y justicia, y qué papel tendrán los gobiernos territoriales.

“La discapacidad no puede quedar otra vez en una promesa sin institucionalidad. El próximo gobierno no puede limitarse a decir que continuará, corregirá o creará algo nuevo. Tiene que decir cómo lo hará, con qué entidad, con qué recursos y bajo qué autoridad”, afirmó.

Hoyos sostiene que una política pública puede tener objetivos legítimos, pero requiere competencias claras, presupuesto y capacidad de ejecución para producir resultados concretos.

Discapacidad y cuidados, una agenda transversal

Para el experto, la discapacidad no debe ser tratada únicamente como un “programa social”. Según explicó, esta agenda está relacionada con pobreza, empleo, salud, educación, justicia, transporte, accesibilidad, vida independiente y desarrollo económico.

“No hablamos de una población marginal. Hablamos de hogares, territorios, pobreza, empleo, educación, salud, justicia, movilidad y desarrollo económico”, dijo.

En ese sentido, planteó la necesidad de reconstruir, dada la caída de Igualdad, una arquitectura institucional que permita articular el Sistema Nacional de Discapacidad, el Sistema Nacional del Cuidado, el sector salud, el sector educativo, el sector laboral, la justicia y los entes territoriales.

Cuidado, asistencia personal y apoyos

Uno de los aspectos que Hoyos considera centrales es la necesidad de diferenciar conceptos que suelen usarse de manera indistinta. Según explicó, cuidado, asistencia personal, enfermería, cuidado familiar, rehabilitación, apoyos para la toma de decisiones y servicios de salud domiciliaria no son lo mismo.

“El cuidado no puede ser una palabra que sirva para todo. Cuando el Estado no distingue, termina haciendo daño: traslada cargas a las familias, precariza a las cuidadoras y niega autonomía a las personas con discapacidad”, sostuvo.

Para Hoyos, el Sistema Nacional del Cuidado dejó avances importantes en el marco de los cuidados comunitarios.

No obstante, considera que todavía debe articularse mejor con asuntos esenciales para personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo, como asistencia personal, tecnologías de apoyo, EPS, IPS, rehabilitación, servicios domiciliarios, salud, vida independiente y apoyos para decidir.

Las propuestas de Cepeda y De la Espriella

Al revisar la propuesta de Iván Cepeda, Hoyos destacó que el candidato plantee la articulación entre el Sistema Nacional de Discapacidad y el Sistema Nacional del Cuidado. Para el constitucionalista, se trata de una coordinación necesaria, no solo desde el punto de vista programático, sino también a la luz de los desarrollos recientes de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de discapacidad, cuidados y apoyos.

Sin embargo, señaló que la propuesta no precisa aspectos centrales de implementación: quién coordinaría esa articulación, desde qué entidad, con qué presupuesto, bajo qué competencias y cómo se llevaría a los territorios. Según Hoyos, ese es uno de los principales retos de la propuesta, pues mantiene una línea de continuidad programática con el gobierno saliente, pero no termina de resolver la pregunta institucional que deja la caída del Ministerio de Igualdad.

“La política inclusiva no se gobierna solo con intuiciones correctas. Se gobierna con diseño institucional, competencias, presupuesto, rectoría y capacidad de ejecución. La transversalidad sin rectoría puede terminar siendo dispersión”, indicó.

Hoyos también llamó la atención sobre el riesgo de que la política de discapacidad quede concentrada alrededor de transferencias económicas. Según explicó, una renta puede contribuir a aliviar situaciones de pobreza, pero no reemplaza los demás componentes de una política integral basada en derechos.

“La renta no reemplaza apoyos humanos, técnicos y tecnológicos. Tampoco sustituye accesibilidad, empleo, educación inclusiva, vida independiente, asistencia personal, salud, justicia ni capacidad jurídica. El reto está en no confundir derechos económicos con prestaciones económicas”, afirmó.

Para el constitucionalista, la propuesta debió precisar cómo se articularían las transferencias con medidas estructurales de inclusión, autonomía, accesibilidad, apoyos y participación efectiva de las personas con discapacidad y sus familias.

Sobre la propuesta de Abelardo de la Espriella, Hoyos resaltó el énfasis en la autonomía y la ciudadanía económica de las personas con discapacidad y de las personas cuidadoras. A su juicio, ese enfoque se relaciona con una de las recomendaciones centrales del Sistema Universal de Derechos Humanos en materia de discapacidad, derivada de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: avanzar hacia condiciones reales de inclusión económica, generación de ingresos, acceso al trabajo, emprendimiento, protección social y participación productiva en igualdad de condiciones.

“Por primera vez, noto la ciudadanía económica de las personas con discapacidad en el centro de una propuesta, y eso es un avance que debe destacarse. Recuerdo que este fue uno de los temas sugeridos por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad durante su visita a Colombia el año pasado, en un espacio al que fuimos invitados varios expertos”, afirmó.

Para el constitucionalista, la ciudadanía económica es un componente clave de la inclusión, la vida independiente y el desarrollo sostenible. Según explicó, sin autonomía económica muchas personas con discapacidad y personas cuidadoras pueden permanecer en condiciones de dependencia, informalidad, pobreza o exclusión.

“Uno de los errores del Gobierno Petro, fue ignorar políticamente que el capacitismo se alimenta de la pobreza monetaria que no se resuelve únicamente con subsidios, sino con la estabilización de la autonomía y ciudadanía económica”, señaló.

Hoyos indicó, además, que ese enfoque debe estar acompañado de una estructura institucional que permita convertirlo en políticas sostenibles de empleo, formación, ajustes razonables, emprendimiento, apoyos, accesibilidad y corresponsabilidad estatal. Para el experto, esa tarea debería articularse con el Sistema Nacional de Discapacidad, cuya rectoría y capacidad de coordinación quedaron debilitadas tras la caída y falta de ejecución territorial del Ministerio de Igualdad.

En ese sentido, consideró que la campaña de Abelardo de la Espriella debe precisar y ajustar cómo una Consejería Presidencial que agrupe discapacidad, cuidados, apoyos, veteranos de guerra y otros grupos poblacionales lograría conectar la política pública con los territorios y con la institucionalidad existente.

Aunque Hoyos indicó que la propuesta parte de una orientación correcta al poner el acento en la ciudadanía económica, advirtió que aún requiere mayor desarrollo institucional para evitar dispersión de funciones y garantizar capacidad real de ejecución.

“Una consejería puede ser útil, pero no reemplaza una entidad rectora permanente dentro del Ejecutivo Nacional. Además, cuando una consejería mezcla agendas, corre el riesgo de diluir responsabilidades. No todo cabe en el mismo saco”, explicó.

El futuro del INCI y el INSOR

Otro de los temas mencionados por Hoyos es la situación del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, entidades históricas en la atención técnica a poblaciones específicas. El constitucionalista señaló que el debate no debería reducirse a una eventual fusión de estas entidades.

“Una eventual fusión de INCI e INSOR tendría que someterse a consulta real con las poblaciones concernidas. No se puede resolver la institucionalidad de la discapacidad con atajos administrativos ni con decisiones tomadas de espaldas a las personas con discapacidad”, afirmó.

En su criterio, la pregunta principal es quién asumirá la rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad y qué ocurrirá con las demás discapacidades que no cuentan con un instituto propio.

Planteó que una eventual Agencia Nacional para la Discapacidad, con participación en el Consejo de Ministros, podría ser una alternativa más estable que una consejería presidencial, siempre que cuente con participación efectiva, presupuesto, competencias claras y capacidad para ordenar la política pública.

También señaló que podría estudiarse la adscripción del INCI y el INSOR a una entidad de esa naturaleza, siempre que el proceso se realice con participación de las poblaciones concernidas y con suficiente sustento técnico para no repetir los errores del Ministerio de Igualdad y sus Dirección Nacional para la Discapacidad.

Los retos del nuevo CONPES

Hoyos también se refirió al CONPES 4198 de 2026, nueva Política Nacional de Discapacidad. Aunque reconoce que el documento identifica problemas relevantes, considera que todavía quedan pendientes aspectos relacionados con la articulación entre discapacidad, cuidados y apoyos.

“No definió la articulación entre el Sistema Nacional de Discapacidad y el Sistema Nacional del Cuidado, ni resolvió la rectoría institucional que el país necesita después de la caída de Igualdad. Hay avances, sí; pero también omisiones de fondo”, señaló.

Aun así, indicó que el CONPES es el instrumento vigente y que el próximo gobierno deberá trabajar con ese marco.

“Es lo que hay. Con ese marco habrá que tirar para adelante. Pero tirar para adelante no significa administrarlo sin crítica. Significa corregir sus vacíos, darle músculo institucional, presupuesto y territorialidad”, afirmó.

Barranquilla, una experiencia territorial

En el análisis, Hoyos también hizo referencia a la experiencia de Barranquilla con el modelo InclúyeteMás, al que considera una apuesta territorial que puede ofrecer aprendizajes para el país. Según explicó, este modelo no dependió del Gobierno nacional, sino de una construcción distrital orientada tanto a personas con discapacidad como a personas cuidadoras.

“En materia de discapacidad y cuidados hay un modelo territorial que resiste a la actual caída de la institucionalidad nacional y que debería ser mirado con seriedad por el país: InclúyeteMás, en Barranquilla. Es una apuesta que nació bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char y que ha sido impulsada institucionalmente por la gerente de Ciudad, Ana María Aljure”, sostuvo Hoyos.

El constitucionalista señaló que, aunque durante casi todo este tiempo de Gobierno diversos sectores y técnicos no dimensionaron el alcance de esta experiencia, hoy el modelo es la referencia para el país.

“Como técnico, debo decir que muchos estuvieron de espaldas al modelo de Barranquilla. Sin embargo, hoy corresponde apreciarlo con rigor; eso es lo que los técnicos debemos hacer. UNICEF, por ejemplo, lo ha destacado como una experiencia con valor para el país y para América Latina. En la arquitectura que Colombia necesita reconstruir en materia de discapacidad y cuidados tras la caída del Ministerio de Igualdad, InclúyeteMás resulta el modelo inspirador”, afirmó.

Hoyos aclaró que no habla oficialmente en nombre de la administración distrital, sino desde una lectura técnica de la experiencia.

Participación y rectoría

Para Hoyos, finalmente, el próximo gobierno deberá asumir la discapacidad como una política de Estado, con rectoría definida, presupuesto, competencias, participación efectiva y capacidad de ejecución territorial.

“Quien gobierne tendrá que reconstruir la rectoría institucional y territorial que quedó a la deriva tras la caída y la falta de ejecución de Igualdad. Pero deberá hacerlo de la mano de las personas con discapacidad, bajo el principio de nada sobre nosotros sin nosotros”, afirmó.

El constitucionalista también hizo un llamado a las personas con discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras para que participen en el debate electoral, revisen las propuestas y pidan respuestas concretas.

“Las personas con discapacidad no deben ser convocadas solo para validar decisiones ya tomadas. Deben estar en el centro del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas que las afectan. Este no es un tema de caridad ni de neoasistencialismo; es un asunto de derechos, ciudadanía y democracia. Por eso, las decisiones también deberían tomarse a partir de propuestas concretas y resultados verificables. Así se decide en democracia”, concluyó.

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