Gobierno radica Proyecto de ley antitrámites
Crear una empresa, formalizar un negocio, realizar una inversión o poner en marcha un proyecto productivo en Colombia no
debería convertirse en una carrera de obstáculos frente al Estado.
Con esa premisa, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa antitrámites para reducir cargas burocráticas, eliminar duplicidades y establecer
tiempos más claros de respuesta para quienes producen, invierten y generan empleo.
El proyecto fue radicado en el Senado de la República por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, como una de las primeras acciones para enfrentar un problema que durante años ha afectado la competitividad del país: crear empresa, formalizarse o poner en marcha una inversión en Colombia sigue siendo un dolor de cabeza.
El principio que orienta la iniciativa es sencillo: el ciudadano no debe hacer el trabajo que le corresponde al Estado.
Por eso, si una entidad pública ya tiene un documento o una información, otra nodebería volver a exigírsela al empresario.
Y si varios trámites pueden adelantarse simultáneamente, el ciudadano no debería estar obligado a realizarlos uno detrás
de otro. “Nuestra tarea es quitarle obstáculos al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las MIPYMES, para que puedan crear empresa y construir patria”, afirmó el ministro Mauricio Gómez Amín.
Un cambio de lógica: que el Estado facilite, no que obstaculice
Durante décadas, Colombia ha buscado aumentar la formalización empresarial, atraer inversión, mejorar su competitividad y generar empleo.
Sin embargo, esos esfuerzos han convivido con procesos repetitivos, entidades que solicitan la misma información y trámites que representan tiempo y costos para empresarios y emprendedores.
El Proyecto de Ley de Competitividad busca cambiar esa lógica.
La iniciativa fortalece la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y crea un Expediente Único Empresarial Digital, que permitirá compartir información entre entidades públicas y evitar que ciudadanos y empresas entreguen repetidamente documentos que ya están en poder del Estado.
La meta es que el Estado se coordine por dentro para hacerle la vida más fácil al ciudadano por fuera.
Alivio directo para las pequeñas empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas están en el centro de la iniciativa porque son las que tienen menos capacidad para asumir los costos y tiempos de la burocracia.
Entre las medidas contempladas está la eliminación del cobro del concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para microempresas, reduciendo uno de los costos asociados a su formalización y operación.
La apuesta del Gobierno es clara: formalizarse debe tener menos barreras y crear empresa debe ser más sencillo.
Plazos claros para quien invierte
El proyecto también busca reducir la incertidumbre que generan los trámites sin tiempos claros y las sucesivas rondas de requerimientos.
En sectores como construcción y urbanismo se propone un requerimiento único e integral, evitando que las autoridades soliciten información de manera fragmentada en diferentes momentos.
Asimismo, se contempla un certificado urbanístico vinculante en un plazo de 15 días hábiles, para brindar mayor certeza a ciudadanos, empresarios e inversionistas que necesitan tomar decisiones y poner en marcha sus proyectos.
Menos documentos repetidos en el comercio exterior
Para las empresas que exportan e importan, el proyecto fortalece la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) con el fin de mejorar la coordinación entre las entidades y evitar la repetición innecesaria de documentos y controles en una
misma operación.
Foto: Prensa Ministerio de Comercio Exterior
