Mesa Nacional de Garantías: diálogo por la vida de líderes sociales en Colombia
Foto: Comunicaciones Ministerio del Interior
En un país donde ser líder social sigue siendo una labor de alto riesgo, el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional se volvieron a sentar a la mesa para hablar de lo urgente: la protección de quienes defienden los derechos humanos en los territorios.
El espacio fue la segunda sesión del año de la Mesa Nacional de Garantías, convocada por el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, que reunió a organizaciones defensoras de derechos, entidades del Gobierno, representantes diplomáticos y delegados de organismos internacionales como la ONU.
El objetivo: fortalecer la confianza, reforzar la articulación institucional y trazar acciones concretas frente a la estigmatización, las amenazas y la impunidad que enfrentan día a día quienes lideran procesos sociales en Colombia.
“La Mesa Nacional de Garantías no es una dádiva del Estado ni una concesión política. Este espacio existe gracias a la lucha incansable de líderes y lideresas sociales que, en muchos casos, han ofrendado su vida para abrir caminos de diálogo”, dijo Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos.
“Defender los derechos humanos no puede seguir siendo una sentencia de muerte. Como Estado, debemos garantizar su protección y dignificar su labor”, agregó.
Compromisos en marcha
Durante la jornada, se abordaron temas clave como la implementación de la Política Pública de Desmantelamiento de Bandas Criminales y Grupos Sucesores del Paramilitarismo, el papel de la fuerza pública en contextos sensibles, y la necesidad de respuestas más eficaces ante la crisis humanitaria que atraviesan varios territorios.
Además, se hizo énfasis en la necesidad de romper con la estigmatización que aún persiste contra quienes ejercen liderazgo social, y de avanzar hacia la judicialización de quienes amenazan o atentan contra sus vidas.
“Un país donde la impunidad reina es un país sin garantías democráticas. Es indispensable que, dentro del marco del debido proceso, se judicialice a quienes aún se atreven a asesinar, amenazar y constreñir”, afirmó el viceministro Rondón.
Por su parte, Jomary Ortegón, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, destacó que este tipo de espacios no solo sirven para escuchar, sino para comprometer acciones y hacer seguimiento real a las demandas de las comunidades.
Siete acuerdos para seguir caminando
Al cierre de la sesión, se concretaron compromisos clave:
- Convocar la próxima sesión en septiembre.
- Realizar una jornada de socialización de programas institucionales.
- Discutir la implementación del Decreto 660 en el Subgrupo de Prevención.
- Organizar un Encuentro Nacional con enfoque de género para territorializar la política pública.
- Reactivar la campaña “Paz sin estigmas” como acto de reconocimiento público.
- Retomar la mesa de seguimiento al estallido social.
- Reinstalar la mesa del Decreto 003 de 2021.
El encuentro contó con la presencia de la Fiscalía, la Procuraduría, la Unidad Nacional de Protección, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y otros entes estatales. También participaron delegados del cuerpo diplomático y agencias como la OACNUDH, ONU Mujeres y el PNUD, ratificando el respaldo internacional a los esfuerzos del país por garantizar los derechos fundamentales.
A pesar de los avances, el mensaje central indica: no hay tiempo para discursos sin acciones, y la vida de quienes defienden la justicia social no puede seguir dependiendo del azar ni de la indiferencia.
Aldira Chamorro
Comunicadora social - periodista, especialista en Alta Gerencia, de la Universidad Autónoma del Caribe, con amplia experiencia en comunicaciones corporativas, periodismo y medios digitales.
